EL INFORME SOBRE LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA

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Transcribo el informe preliminar de la Comisión de la Verdad creada con el fin de esclarecer en lo posible los hechos del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985. A propósito, muy interesante la columna de Alfonso Gómez Mendez en El Heraldo de hoy domingo en la que denuncia el “pacto de silencio” del establecimiento para tratar de que no se descrubra toda la verdad sobre lo acaecido.

Sobre el particular, dice el editorial de El Espectador: “Por supuesto que nadie quiere una justicia envalentonada y mediática dando golpes de opinión sin sustento probatorio. Por supuesto que en este ambiente enrarecido que se vive hoy se requiere proteger el debido proceso para los sindicados. Por supuesto que se debe evitar una ‘cacería de brujas’ en la que no haya diferencias entre, por decir algo, determinadores de masacres y quienes se hicieron los de la vista gorda frente al fenómeno paramilitar. Pero de ahí a asegurar, como muchos lo hacen hoy, que la institucionalidad del país se pondría en peligro si se conoce la verdad, hay mucho trecho. Todo lo contrario. No llegar al fondo de nuestros males es lo que en buena medida ha permitido que en este país la historia se repita una y otra vez”.

COMISIÓN DE LA VERDAD SOBRE EL HOLOCAUSTO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ DEL 6 y 7 DE NOVIEMBRE DE 1985 INFORME PRELIMINAR

COMISIONADOS:

JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO

JOSÉ ROBERTO HERRERA VERGARA

NILSON PINILLA PINILLA

BOGOTÁ, D. C. 15 NOVIEMBRE DE 2006

1. INTRODUCCIÓN

“A veces me gustaría decir no quiero recordar más, no quiero que me vuelvan a recordar el tema. En lo personal es absolutamente doloroso, pero para el país es un símbolo que no podemos dejar olvidar, porque el [Holocausto del] Palacio es la forma de recordar el horror de hasta dónde puede llegar la guerra. El Palacio es para decir nunca más, para decir esta es la barbarie y no queremos volver a tenerla.”

Alexandra Sandoval Mantilla (hija del Magistrado auxiliar inmolado Emiro Sandoval Huertas. Al momento del Holocausto tenía 2 años de edad).

Veintiún años después del Holocausto provocado en el Palacio de Justicia de Bogotá, sede principal de la Rama Jurisdiccional del Poder Público de Colombia, la COMISIÓN DE LA VERDAD creada en noviembre de 2005, por la Corte Suprema de Justicia, para tratar de esclarecer lo entonces acaecido, rinde este informe preliminar de lo que hasta ahora ha podido verificar.

Desde el momento de recibir esa honrosa misión, que determinó la Corte Suprema de Justicia al solicitar y anhelar en vano que otra institución u organismo lo hiciera, se tuvo claro que habría de ser cumplida en equidad, dentro de perspectivas jurídicas dada la formación de los comisionados, JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO, JOSÉ ROBERTO HERRERA VERGARA y NILSON PINILLA PINILLA, todos ellos ex Presidentes de la Corte Suprema de Justicia, pero sin jurisdicción alguna, de manera que su presentación sólo tendrá contenidos y propósitos académicos e históricos.

La labor ha sido intensa, pues durante este año de actividad la Comisión ha escuchado directamente y filmado, grabado o recibido por escrito los relatos espontáneos de cerca de sesenta personas, entre funcionarios de entonces de la Rama Ejecutiva (Presidente de la República, ministros); Generales, coroneles y otros miembros del Ejército Nacional y de la Policía Nacional; ex integrantes del movimiento subversivo M 19; sobrevivientes del Holocausto; familiares de las víctimas; investigadores, periodistas y otras personas que, de una u otra manera, tuvieron conocimiento de circunstancias antecedentes, coetáneas o subsiguientes de lo sucedido.

Además, fueron leídas miles de páginas de libros, informes, expedientes y providencias relacionadas con el insuceso, al igual que observados algunos registros fílmicos.

Como es natural, el tiempo transcurrido ha sido un obstáculo para alcanzar la dilucidación fiel y completa de los trágicos acontecimientos, aunque sirve para que esos veinte años transcurridos amainen los temores de acciones judiciales y de eventuales represalias, dando lugar a paliar las inevitables deficiencias de evocación, por el liberado deseo de coadyuvar al esclarecimiento, desafortunadamente no por parte de todos los expositores.

De otra parte, la colaboración recibida se ha limitado a la de la institución comisionante y de las universidades Javeriana y del Rosario, que posibilitaron la ayuda de algunos estudiantes, además del esfuerzo de unos pocos abogados recién egresados, mientras que ningún apoyo se encontró en otros entes públicos y privados, a los cuales se acudió desde un principio.

2. ANTECEDENTES

Secularmente han existido facciones que se sienten impulsadas a acudir a las armas para oponerse a la injusticia social u obtener provecho del estado de cosas, en buena parte aupadas al observar la tendencia del Estado a conceder indultos, amnistías u otras alternativas de impunidad, considerando de tal manera cada grupo sedicioso que los crímenes en que incurran se hallan despenalizados prospectivamente, pero arrojando como único resultado el agravamiento de las tensiones y mayor sufrimiento para los colombianos.

Entre tales grupos surgió el Movimiento 19 de Abril, M 19, emanado de lo que consideraron un fraude electoral en los comicios para elegir Presidente de la República, en esa fecha de 1970. Gozó en sus albores de simpatía popular, por las realidades del momento y las acciones que realizó, espectaculares e inicialmente menos cruentas.

En ocasiones vejó al Ejército Nacional, como cuando sustrajo de protegidas instalaciones suyas en Bogotá gran cantidad de armas a través de una horadación subterránea, o logró conseguir desde las altas esferas de Gobierno la orden de suspender operaciones militares, o atentó contra su Comandante General.

La toma de la Embajada de la República Dominicana, en cuyo interior se hallaban muy destacados miembros del cuerpo diplomático, entre ellos el Embajador de los Estados Unidos de América ante Colombia, culminó con un retiro aclamado al no producir víctimas, significándole además al M 19 extraordinaria divulgación internacional y una exacción millonaria en dólares, luego utilizados en la adquisición de armas.

Estimulados por tal resultado y queriendo acentuar la presión que ejercían sobre el Gobierno Nacional, el 6 de noviembre de 1985 más de 35 miembros del M 19 ingresaron al Palacio de Justicia en Bogotá, sede de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. Pero el modo de actuar fue diferente, porque de entrada asesinaron a dos vigilantes y al administrador del edificio y de inmediato se dirigieron hacia el cuarto piso, costado oriental y nororiental, donde se hallaban las salas Penal y Constitucional de la Corte, ambas a cargo, desde sus distintas funciones, de importantes decisiones relacionadas con la extradición.

3. RETIRO DE LA VIGILANCIA ESPECIAL EN EL PALACIO DE JUSTICIA

Magistrados de las mencionadas salas Penal y Constitucional de la Corte Suprema venían siendo objeto de graves amenazas por parte de narcotraficantes, que se sentían en riesgo de ser extraditados.

Adicionalmente se conoció, al punto que medios masivos de comunicación social lo divulgaron, que el M 19 planeaba tomarse el Palacio de Justicia, lo cual se creyó podía coincidir, por el efecto publicitario, con la llegada al país, mediando octubre de 1985, del Presidente de Francia Francois Mitterand. Por ello se dispuso reforzar notablemente la vigilancia de las Fuerzas Armadas sobre el Palacio de Justicia.

Sin embargo, transcurrida sin sobresaltos la visita del Presidente francés, pero agravadas las amenazas y los temores del asalto a la sede principal de la justicia colombiana, el día martes 5 de noviembre de 1985, después de lunes festivo, el Palacio inopinadamente resultó sin el fortalecimiento especial de la fuerza pública que se venía prestando para su protección.

Las razones que se han dado para tal desmantelamiento de la seguridad, a fuerza de ser falaces, a nadie convencen. Se llegó a afirmar desde que derivaron de la necesidad de desplazar personal para la celebración del Día de la Policía Nacional, hasta que fue ordenada por el Presidente de la Corte Suprema Alfonso Reyes Echandía, quien no tenía interés en aumentar los reales riesgos que él mismo venía padeciendo.

Mal podía haber impartido unilateralmente una tal orden, contraria a su propia voluntad, al estudio de seguridad del Palacio presentado por la Dijin en octubre de 1985, a la decisión adoptada pocos días antes en Sala Plena y a la dispuesta el 30 de septiembre de 1985 por el Consejo Nacional de Seguridad, mucho menos sin contar con el Consejo de Estado. Además, por encontrarse el doctor Reyes en Bucaramanga, como plenamente se demostró, no pudo reunirse personalmente en Bogotá con el Teniente Coronel de la Policía Nacional a cargo del esquema reforzado, que mentirosamente adujo haber recibido la instrucción en persona de quien no estaba en condición de darla, ni funcional ni presencialmente.

Hasta ahora no se ha hallado una prueba directa de que el retiro de esa vigilancia especial, cuando más se necesitaba mantenerla y aún reforzarla, fue intencionalmente dirigido a facilitar el ingreso del M 19 al Palacio, para allí aniquilar a los asaltantes. Pero la Comisión de la Verdad recibió exposiciones, y así consta en otros medios, de quienes creen la versión de que algunos con capacidad de decisión en la Fuerza Pública, quisieron hacer expedito el ingreso de sus odiados contendientes a lo que consideraron “ratonera”.

4. COMPORTAMIENTO DEL M 19

Sin ninguna duda, la primera responsabilidad que cabe señalar sobre el Holocausto del Palacio de Justicia es la del movimiento guerrillero M 19, autor material e intelectual de la toma violenta a la edificación, que paradójicamente dieron en llamar “Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”.

La responsabilidad empieza con la audacia, si así se puede llamar, de tomar por rehenes a integrantes de la cúpula del Poder Judicial con cerca de medio millar de personas que a la hora del ataque, 11:40 de la mañana del miércoles 6 de noviembre de 1985, se encontraban indefensos en la más importante sede de la Administración de Justicia.

Los más de treinta y cinco guerrilleros que irrumpieron en el Palacio de Justicia entraron asesinando sin piedad a los dos celadores de la empresa privada de vigilancia Cobasec, Eulogio Blanco y Gerardo Díaz, sin tener en cuenta que poseyeran o no capacidad de oponer resistencia, al igual que al desarmado administrador del Palacio de Justicia, Jorge Tadeo Mayo Castro, cuando buscaba refugio.

Además, aún siendo conscientes de la ostensible superioridad ofensiva de las Fuerzas Armadas en la tarde de ese miércoles, no accedieron a la entrega voluntaria que les ofrecía el Gobierno Nacional, en la conversación telefónica que sostuvieron con el Director General de la Policía Nacional, General Víctor Alberto Delgado Mallarino, quien hablaba en ese instante a nombre del Presidente de la República. Si hubieran aceptado la rendición, la vida de muchos rehenes se habría salvado.

Pese al gesto humanitario que tuvieron en la hora final de la tragedia al permitir la salida de mujeres y heridos, ello no atenúa la responsabilidad en la toma a sangre y fuego de que hicieron objeto al Palacio de Justicia, además de maltratos a algunos rehenes como el que dieron al desaparecido Magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, Manuel Gaona Cruz, del que da cuenta un testigo presencial en los siguientes términos:

“…El doctor Gaona pedía hablar con Almarales. En algún momento de la noche llegó Almarales y ya él está ahí todo el tiempo con nosotros. El doctor Gaona le pide en varias oportunidades que se rindan, o que se trata de hablar con él, para decirle que eso no tiene ningún sentido, que él quiere ver a su hijo o hija, era un bebé, y le pedía por favor que le permitiera ver crecer a su hijo. Almarales gritaba y le decía ‘cállese Magistrado’, le gritaba cállese Magistrado no sé qué, cállese y amenazaba con el arma… Le pedía que se callara, ‘cállese Magistrado’, y él trataba de no ver sus sentimientos, o algo así, y le molestaba. Luego recuerdo, cuando nos tienen a todos sentados en el piso, el doctor Gaona vuelve a decir lo mismo y vuelve a pedirle pero sentado en el piso, y luego, no sé, me decía un compañero que le había disparado Almarales, y que la sangre que brotó le había caído en la camisa”.

Pero el vejamen no se quedó en el avasallamiento de la dignidad del Magistrado, pues, como colofón, fue asesinado en forma aleve, sin que éste fuera el único homicidio que produjo el grupo guerrillero, porque por su acción también cayeron los dos vigilantes, el administrador del Palacio, varios escoltas, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y un número indeterminado de civiles.

El grupo guerrillero M 19 es incuestionablemente el primer responsable de esta tragedia nacional.

5. CONEXIÓN CON NARCOTRAFICO

Desde la sanción en 1981 de la ley aprobatoria del tratado de extradición con los Estados Unidos, los jefes del narcotráfico desataron una lucha frontal y violenta contra la misma. Con la muerte del comandante del M 19 Jaime Bateman se frustró un encuentro con Pablo Escobar en Panamá. En 1981 integrantes del M 19 secuestraron a Marta Nieves Ochoa Vásquez, hermana de miembros de la cúpula del Cartel de Medellín, que como reacción creó el grupo criminal denominado Muerte a Secuestradores (Mas), que desató una persecución contra integrantes del M 19, quienes atemorizados no encontraron solución distinta que devolver a la secuestrada y pactar la paz con el Cartel de Medellín. En los años de 1984 y 1985 miembros de la dirección del M 19 se reunieron en Medellín con Pablo Escobar, recibieron dineros de ese Cartel y realizaron acciones criminales conjuntas, lo que no fue compartido por otros miembros del grupo subversivo.

El gobierno del Presidente Betancur, inicialmente renuente a aplicar la extradición, a raíz del asesinato del Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, ocurrido el 30 de abril de 1984, anunció que daría vía libre a ese instrumento, y previo concepto favorable de la Corte Suprema, en enero de 1985 autorizó la extradición a Estados Unidos de algunos narcotraficantes.

Iván Marino Ospina, antes y después de su expulsión como jefe máximo del M 19, sostuvo hasta su muerte ocurrida en agosto de 1985, una muy estrecha amistad y unidad de acción con Pablo Escobar y estaba autorizado por el M 19 para conversar con él. Como Comandante del M 19 declaró Iván Marino Ospina que por cada colombiano extraditado, sería asesinado un ciudadano estadounidense en Colombia. A mediados de 1985 vuelven a reunirse miembros del M 19 con Pablo Escobar. Al suceder a mediados de 1985 Alvaro Fayad a Ospina en la dirección del M 19, continuaron actuaciones conjuntas de ambas organizaciones delictivas.

John Jairo Velásquez Vásquez, lugarteniente de Escobar declaró a la Comisión que Pablo Escobar pagó al M 19 inicialmente dos millones de dólares por la toma del Palacio de Justicia.

También Carlos Castaño en su libro “Mi Confesión” revela la financiación del cartel de Medellín en la toma al Palacio de Justicia.

Pocos días antes del asalto al Palacio el grupo denominado “Los Extraditables” amenazó con dar muerte a Magistrados de la Corte Suprema, principalmente de las salas Constitucional y Penal, si no votaban por la inconstitucionalidad de la ley aprobatoria del tratado de extradición. A sus múltiples y aterradoras intimidaciones acompañaban grabaciones de diálogos de familiares cercanos de los Magistrados. Miembros del cartel interceptaron conversaciones telefónicas de Magistrados.

A escasos días de la toma, la cúpula de los organismos de seguridad, los Ministros de Gobierno y Justicia, en reunión secreta en el Club Militar comunicaron a Magistrados de la Sala Constitucional y al Presidente de la Corte el gran peligro que corrían ante la gravedad e inminencia de las amenazas.

El 6 de noviembre de 1985, día del asalto, la única Sala de la Corte que debía sesionar, como en efecto lo hizo era la Constitucional. El tema a debatir era la constitucionalidad de la ley aprobatoria del tratado de extradición, y para el efecto había sendas ponencias presentadas ese día por los Magistrados Manuel Gaona Cruz, Carlos Medellín Forero y Alfonso Patiño Roselli.

Tanto en la proclama del M 19, como en la demanda armada, al producirse la toma uno de los puntos principales que se mencionan es el tratado de extradición con los Estados Unidos.

Al ocupar violentamente el Palacio, Luis Otero y otros comandantes del operativo acceden prioritariamente al cuarto piso donde se hallaban los Magistrados de la Sala Constitucional y empiezan a llamar en alta voz a cada uno de los integrantes de la misma, en sus comunicaciones se refieren a ellos y al Presidente de la Corte como los “rehenes fundamentales” y efectivamente perpetran su secuestro.

Aún después del Holocausto el narcoterrorismo no cesó en su ataque contra Magistrados de la Corte Suprema, continuaron las amenazas, al año siguiente asesinaron al Magistrado de la Sala Penal Hernando Baquero Borda y finalmente lograron su propósito de inconstitucionalidad de la ley aprobatoria del tratado de extradición.

Todo indica que hubo conexión del M 19 con el cartel de Medellín en el asalto del Palacio de Justicia.

6. HECHOS DEL CUARTO PISO

El “comando Iván Marino Ospina” estaba dividido en dos pelotones, y al segundo le correspondía el asalto a los pisos 3 y 4, con las escuadras uno y dos, compuesta cada una por diez guerrilleros. “El segundo pelotón irá al asalto y control del tercero y cuarto pisos -decía el documento hallado en la casa con el número 8-42 de la calle 6 sur- su misión es tomar los rehenes fundamentales que están allí. Para ello ANIQUILARA (sic) las fuerzas enemigas y concentrará a los primeros y segundos en las respectivas salas de sesiones”. La escuadra uno, encargada del asalto al cuarto piso, subió por las escaleras del flanco sur con el comandante Luis Otero al frente y allí se encontró con Alfonso Jacquín y otros seis guerrilleros que, con distintos pretextos, habían entrado por la puerta principal en las horas de la mañana, vestidos de civil.

Los escoltas de Magistrados y Consejeros de Estado, desde distintas oficinas, respondieron al fuego de los guerrilleros, hasta agotar sus municiones. Entretanto, Otero y Jacquín desesperadamente trataban de ubicar al doctor Reyes Echandía, Presidente de la Corte, y a los demás Magistrados de ese piso, sobre todo a los de la Sala Constitucional.

Recuérdese que el cuarto piso alojaba las siguientes dependencias de la Corte Suprema, donde se hallaba buena parte de los “rehenes fundamentales”: el recinto de la Sala Plena, en el ángulo suroriental, y los de la Salas Penal, Constitucional y Laboral, en el ángulo opuesto, o sea, en el nororiental. Los despachos de la Sala Penal y de la Constitucional estaban en el costado oriental, es decir, sobre la carrera séptima, y los de la Sala Laboral, en el norte, esto es, sobre la calle doce.

Al momento de irrumpir el M 19, la Sala Constitucional estaba sesionando, escuchando la lectura de la ponencia del doctor Gaona Cruz sobre una de las demandas contra el tratado de extradición con los Estados Unidos de América. Por consiguiente allí estaban los Magistrados: Alfonso Patiño Roselli, Presidente de la Sala, Manuel Gaona Cruz, Carlos Medellín Forero y Ricardo Medina Moyano, así como el secretario Ricardo Correal Murillo.

De la Sala Penal se hallaban en sus despachos, de sur a norte, los Magistrados Fabio Calderón Botero, Alfonso Reyes Echandía, Pedro Elías Serrano Abadía y Darío Velásquez Gaviria, y de la Sala Laboral los Magistrados Fanny González Franco, José Eduardo Gnecco Correa y Nemesio Camacho Rodríguez.

En ese momento también se encontraban en el sector de la Sala Penal los Magistrados Auxiliares Emiro Sandoval Huertas y Julio Cesar Andrade, así como siete auxiliares judiciales: María Janeth Rozo Rojas, Isabel Méndez de Herrera, María T. Muñoz de Jiménez, María Cristina Herrera Obando, Beatriz Moscoso de Cediel, Libia Rincón Mora y Nurys Soto de Piñeres.

De los despachos de los Magistrados de la Sala Constitucional estaban las secretarias Lyda Mondol de Palacios, Ruth Zuluaga de Correa y Rosalía Romero de Díaz.

De la Sala Laboral se encontraban en ese piso el Magistrado Auxiliar Jorge Alberto Correa Echeverri y los secretarios de los despachos Hermógenes Cortés Nomelín, Cecilia Concha Arboleda y Ana Lucía Bermúdez de Sánchez.

Aproximadamente a la una de la tarde ya se tenía control del cuarto piso; el júbilo fue mayúsculo entre los guerrilleros cuando encontraron al Presidente de la Corte, y con vivas al M 19 y al comando Iván Marino Ospina lo llevaron a la oficina del doctor Pedro Elías Serrano Abadía, junto con otros siete Magistrados y otras personas, para completar 30 rehenes en este piso. Para ese momento la fuerza pública ya había penetrado por la carrera octava con los tanques y por la puerta principal se hacía lo mismo, por lo que en los primeros pisos había un impresionante cruce de disparos y estallido de cañones y granadas.

Lo mismo se hacía desde los helicópteros y edificios que rodeaban el Palacio, sobre todo desde los de la calle 12, como el del entonces Banco Comercial Antioqueño, lugar en que se habían apostado policiales y soldados disparando sin piedad hacia las oficinas donde se refugiaban debajo de los escritorios los Magistrados y empleados de los pisos tercero y cuarto, expuestos a los proyectiles oficiales que penetraban fácilmente porque el Palacio era una urna de cristal, con divisiones en vidrio y madera.

Inicialmente el doctor Medina Moyano escapó a esta concentración porque se había refugiado en su oficina junto con el doctor Gaona Cruz, Héctor Darío Corrrea, Ricardo Correal y un vendedor visitante. Cuando cayendo la tarde el humo y el calor del incendio, así como los proyectiles de los edificios vecinos les hicieron ver que irremediablemente iban a morir, éstos sacaron al pasillo un trapo blanco asegurado en un paragüero y con la garantía de un guerrillero de que les respetarían la vida fueron llevados a los baños ubicados en los descansos de las escaleras. En la oficina quedó solamente el doctor Medina Moyano y el vendedor visitante, quienes se resistieron a salir y luego pasaron al fatídico grupo de rehenes que dominaba Otero.

Acosado por el fuego, en las primeras horas de la noche el Magistrado Nemesio Camacho también salió de su oficina en el cuarto piso, ayudado por su secretaria y por la del doctor Manuel Enrique Daza. Los tres también fueron llevados a los baños de las escaleras.

De esta manera, sólo seis personas de las que ocupaban el cuarto piso quedaron por fuera del grupo de rehenes que capturó Otero.

Para las dos de la tarde, el Ejército ya había llegado al tercer piso pero no podía pasar de allí por la encarnizada resistencia del M 19 que se había hecho fuerte en el cuarto piso, y testigos de este piso oían gritar al doctor Reyes “por favor no disparen, somos rehenes, les habla el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, tenemos heridos, necesitamos a la cruz roja”. A lo que contestaban con descargas cerradas de ametralladora, rockets y toda clase de armas. Cada cinco minutos repetía su clamor el doctor Reyes y le contestaban con las mismas descargas.

Era la desgarradora súplica que luego hizo al comandante de la Policía, General Delgado Mallarino, su amigo personal, quien atendió la llamada telefónica que el Presidente de la República había desdeñado, simplemente por su condición de rehén del M 19 y el pretexto de que no tenía libertad para hablar. “Nos van a matar Víctor Alberto. Ustedes no pueden permitir que nos maten.”

El doctor Pedro Elías Serrano también le había pedido al Presidente del Congreso, Alvaro Villegas Moreno, que intercediera para el cese al fuego. Lo propio hizo el doctor Reyes, quien angustiado y en medio de los disparos que se escuchaban por el teléfono de la presidencia del Senado le dijo: “Estamos en el cuarto piso, los soldados están en el tercero, los asaltantes notifican que si las tropas suben al cuarto piso nos matan a todos, nos van a matar, doctor Villegas, haga algo”, y éste, tras prometerle al doctor Reyes que “no habría más tiroteo”, se limitó a transmitir los mensajes al Presidente de la República quien le reiteró que no iba a “negociar”.

El angustioso llamado del Presidente de la Corte se extendió a la prensa: “Estamos en un trance de muerte -le dijo al periódico El Tiempo- ustedes tienen que ayudarnos. Tienen que pedirle al Gobierno que cese el fuego. Rogarle para que el Ejército y la Policía se detengan…Ellos no entienden. Nos apuntan con sus armas. Yo les ruego detengan el fuego porque están dispuestos a todo…Nosotros somos Magistrados, empleados, somos inocentes…He tratado de hablar con todas las autoridades. He intentado comunicarme con el señor Presidente pero él no está. No he podido hablar con él..”

Los guerrilleros eran inexpugnables en el cuarto piso. Al Director de la Policía se le ocurrió que podía penetrar por la terraza del Palacio para rescatar a los rehenes porque, contrario a la verdad, por teléfono le habían explicado que ellos se encontraban en el cuarto piso y los guerrilleros no habían llegado aún allí. Para esa arriesgada operación se valió de unidades especializadas de la Policía que pertenecían al COPES, Curso de Operaciones Especiales, que fueron llevados a la terraza en helicópteros. El operativo fue tan intrépido como torpe, porque de los oficiales del COPES, o los del GOES que los auxiliaron, ninguno conocía el edificio, no habían estudiado los planos, y tampoco sabían la posición exacta de los rehenes y de sus captores. Todo lo que se les había informado era que 4la terraza de alguna manera comunicaba con el cuarto piso por una puerta metálica que tenían que derribar con dinamita. Luego de recibir una lluvia de proyectiles, porque con el ruido de los helicópteros habían alertado a los guerrilleros que se apostaron mejor para impedir la entrada, y después de varias horas colocando los explosivos, lograron derribar la puerta pero llegaron fue al cuarto de máquinas. Penetraron entonces por una claraboya y luego por una escalera de hierro adosada a la pared y fueron recibidos a bala por los del M 19, quedando varios heridos y muerto uno de los oficiales que comandaba la operación, el capitán Héctor Aníbal Talero Cruz.

Para esos momentos ya el Ejército había logrado ganar el cuarto piso por un costado, mientras los que pudieron asomarse del COPES lo hicieron por el otro. En la mitad, en el ángulo nororiental, con barricadas a ambos lados, estaban los guerrilleros y los rehenes.

Todo indica que las explosiones para derribar la puerta de la terraza produjeron víctimas entre los guerrilleros y rehenes.

De otro lado, el feroz combate del ejército en el cuarto piso cerró toda posibilidad de que cualquier rehén saliera con vida. Ya el fuego de este sector era abrasador y se desplazaba desde el costado sur hacia la esquina nororiental donde estaban confinados los cautivos. La oscuridad y el humo eran impenetrables. Los del COPES no pudieron avanzar porque “al que se iba asomando le iban soltando una ráfaga” y el Ejército disparaba a lo que se moviera. Los rehenes no podían salir porque estaban con la amenaza de las armas de la guerrilla y bajo tres fuegos: el de la policía con el COPES, el del Ejército, y la conflagración. El General Arias Cabrales estuvo al frente de la acción del Ejército en el cuarto piso y allí ordenó disparar fusiles lanzagranadas hacia el sector donde estaban atrincherados los guerrilleros y arrinconados los rehenes; luego se disparó un obús contra el mismo lugar. Como persistía la resistencia, en el techo, sobre el punto donde se calculaba que estaba el M 19 se colocaron cargas explosivas y se hicieron estallar, pero la placa de concreto resistió; fue entonces cuando por radio se anunció “el envío de dos cargas más de 15 libras, cuatro cargas de cráter y 40 libras de TNT, dos detonantes, y estopines para que usted allá amplíe el roto pero encima del objetivo”.

Al final no se supo cómo murieron los rehenes y guerrilleros del cuarto piso: se desconoce quiénes fallecieron antes de que las llamas lo consumieran todo, porque de este grupo no sobrevivió una sola persona; lo cierto es que la gran mayoría de los cuerpos se encontraron desmembrados, mutilados, calcinados y por lo menos tres de los Magistrados: los doctores Alfonso Reyes Echandía, Ricardo Medina Moyano y José Eduardo Gnecco Correa mostraron en sus restos mortales proyectiles de armas que no usó la guerrilla.

7. INCENDIOS

La conflagración que devoró casi todo el Palacio de justicia, tuvo, al parecer, tres fuentes:

El primer conato de incendio se presentó en el sótano de parqueaderos, al inicio de las acciones. Al hacer su ingreso por la carrera octava, los guerrilleros instalaron bombas caseras que aunque estallaron no alcanzaron a impedir el paso de las unidades artilladas pero sí consiguieron que otros vehículos allí estacionados se incendiaran; lo mismo ocurrió con las bombas que se hicieron estallar con los disparos de la fuerza pública para despejar el acceso.

El segundo incendio se presentó aproximadamente a las seis de la tarde en el primer piso, concretamente en el costado donde funcionaba la biblioteca. Un consejero de Estado observó cómo en ese sitio algunas personas que no pudo identificar pero que estaban vestidas de civil prendieron fuego a unos papeles y luego las llamas se propagaron.

De este incendio dice el Coronel Plazas Vega que se originó con los expedientes encendidos que desde los pisos altos arrojaban los guerrilleros para tratar de ahuyentar los tanques, pues éstos se alimentan de gasolina. A su turno, el entonces Mayor Carlos Fracica Naranjo, manifestó que, cuando se encontraba en el primer piso, en la biblioteca, sintió que en el ambiente del Palacio reinaba un olor “como a marihuana o bazuco” y que luego desde el cuarto piso “nos fueron lanzadas varias bombas incendiarias y químicas, nosotros permanecimos en el sector y posteriormente se pareció que en el cuarto piso rompían los vidrios lanzando gran cantidad de expedientes quemados, los cuales cayeron en la biblioteca e incendiaron las divisiones de las oficinas y la conflagración general del edificio.”

No obstante lo anterior, algunos testigos hablan de “balas explosivas”, “lanzallamas”, y “bolas de candela” que llegaban al tercer y cuarto pisos arrojadas desde el primero. Pero todo indica que el tercero y más destructor incendio se presentó en el cuarto piso por la explosión en el auditorio o salón de audiencias del Palacio de una bomba identificada por los testigos como una bazooka. Esta detonación se presentó en el costado suroriental, es decir del lado de la Plaza de Bolívar hacia la carrera séptima, y por este lado avanzó hacia el norte consumiendo el cuarto piso y parte del tercero.

Los bomberos acudieron a las siete de la noche de ese 6 de noviembre y apenas si pudieron asperjar el agua con las mangueras dirigidas hacia los lugares aún no cubiertos completamente por el fuego. Cuidándose de no ser heridos por las balas que llovían de todas partes, infructuosamente lucharon contra el fuego desde afuera hasta las nueve de la noche cuando los militares ordenaron suspender la labor “por el riesgo que corrían sus vidas”. A partir de ese momento colaboraron en el rescate de algunos rehenes y miembros de las Fuerzas Armadas atrapados por el fuego; fue así como más tarde con sus máquinas ayudaron a descender a los soldados y policías por las escaleras instaladas frente a la Plaza de Bolívar y la carrera octava. Por esta última descendió el General Arias Cabrales de la terraza.

El incendio terminó a las tres de la madrugada del 7 de noviembre. Sin duda, la lluvia de esa noche contribuyó en algo a que el fuego se apagara, aunque a esa hora era muy poco lo que quedaba por consumirse, sobre todo en el cuarto piso.

8. HECHOS DE LOS BAÑOS DE LOS ENTREPISOS

Los baños ubicados en los entrepisos segundo y tercero, y tercero y cuarto del sector noroccidental del Palacio de Justicia, que a diferencia del resto de la edificación no tenía material inflamable, fueron refugio de asaltantes y cautiverio obligatorio de varias personas por disposición de integrantes del M 19, comandados por Andrés Almarales. Dichos cautivos provenían de los pisos tercero y cuarto.

Alrededor de sesenta personas, entre ellos cinco Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 3 Consejeros de Estado, quedaron hacinados en un reducido espacio de veinte metros cuadrados, sometidos hasta el mediodía del 7 de noviembre a la angustia de la amenaza de las armas de aproximadamente 10 guerrilleros y la posibilidad de una incursión armada de la fuerza pública. El ruido ensordecedor de los disparos de fusiles, granadas, bombas explosivas, disparos de tanques y rockets, producidos inicialmente al exterior del baño, las incomodidades locativas propias de esa infamante situación, el calor, la oscuridad, el hambre, la sed, la sensación de impotencia absoluta, la intensidad de fuego cruzado, la preocupación por sus seres queridos, la asfixia, la inminencia de la muerte, se amalgamaron en tormentosos huracanes de desesperación y sufrimiento indecibles.

Inicialmente los retenidos se hallaban unos en el baño del entrepiso segundo y tercero y otros en el del tercero y cuarto, pero poco a poco se fueron aglutinando en uno o en otro, dados los traslados ordenados por los rebeldes.

Hacia las dos de la mañana como consecuencia del disparo del rocket a la fachada del edificio fueron trasladados al entrepiso del segundo y tercer nivel. A las dos y treinta hubo un instante de completa calma y los guerrilleros pensaron que iba a haber diálogo. Hacia las cinco y media de la mañana se reanudaron los disparos. Los guerrilleros despreciaban los ruegos de rehenes que imploraban los dejaran salir. Los suplicantes gritos en coro pidiendo cese al fuego dirigidos a personal de las Fuerzas Armadas, fueron respondidos con disparos cercanos a ese sector.

Después de sobrevivir el aciago 6 de noviembre, hacia las 8 de la mañana del día siguiente el Magistrado Manuel Gaona pidió se le permitiera salir para iniciar un diálogo con el gobierno, a lo que no accedieron los guerrilleros; sin embargo, atendiendo el insistente clamor de los retenidos y el ofrecimiento del doctor Reynaldo Arciniegas, Almarales accedió a que saliera dicho Consejero, como en efecto sucedió a las 9, con la lista de rehenes y el expreso encargo de llevar un mensaje escrito al gobierno y de regresar al Palacio, pero ninguno de los dos cometidos se realizó, aun cuando logró comentarle a los militares el deseo de los guerrilleros de dialogar, les indicó la ubicación exacta y el número de atrapados en el baño del mezanine entre el tercero y el cuarto nivel, así como del reducto de la resistencia guerrillera, tres de los cuales se hallaban heridos.

Dicha información y la imposibilidad de acceder al baño por las escaleras de arriba o de abajo, dada la cantidad de fuego que aún se recibía por parte de los insurgentes, hicieron que las Fuerzas Armadas decidieran perforar un muro del baño. Para tal efecto se emplearon explosivos que causaron pánico entre rehenes y subversivos y abrieron un boquete por donde estaba el toallero. Una granada voló la puerta del baño. Los guerrilleros ordenaron a los Magistrados formar una fila al frente de ellos. A partir de ese momento de confusión, al ver cercano su final, por escasez de municiones y combatientes, guerrilleros empezaron a disparar dentro del baño y produjeron heridas de gravedad a varios rehenes, entre otros, a los Magistrados Nemesio Camacho (recibió un disparo en la cabeza y en una pierna) y Hernando Tapias (en un pulmón). Al poco tiempo, desde el exterior, por el hueco ingresaron disparos que ocasionaron la muerte instantánea a la abogada asistente del Consejo de Estado Luz Stella Bernal y a la auxiliar Aura Nieto.

En ese desconcierto se oyó una voz que dijo “salgan”, al abandonar raudamente el baño el Magistrado de la Sala Constitucional Manuel Gaona Cruz fue asesinado en el descanso de la escalera víctima de tres disparos en la cabeza propinados por un guerrillero del M 19.

Las otras personas permanecieron en el baño, hasta que presionado Almarales por las súplicas de cautivos y de las rebeldes Clara Helena Enciso e Irma Franco, permitió únicamente la salida primero de las mujeres y más tarde de los heridos. El comandante guerrillero herido en una pierna dijo: “Los que quedamos nos morimos todos”. Al descender por las escaleras varios de ellos, fue asesinado el Magistrado de la Sala Civil Horacio Montoya Gil, víctima de carga explosiva al parecer del ejército. También recibió un disparo a corta distancia como lo demuestra la experticia de Medicina Legal, “Resultado del Estudio de Frotis: Positivo ojo izquierdo”.

En los momentos postreros sólo quedaban vivos en el baño alrededor de 5 subversivos, entre ellos, Irma Franco y Clara Helena Enciso, quienes lograron salir con vida, camufladas entre las mujeres rehenes y conducidas a la casa del florero. Sin embargo, la primera fue identificada como guerrillera, alcanzó a ser retratada en ese sitio junto con otros liberados por un fotógrafo del periódico El Espectador, trasladada por militares a otro lugar en una patrulla y luego desaparecida. En cambio, Enciso utilizando un ardid logró salir en una ambulancia y llegar a la casa de familiares, se convirtió en la única sobreviviente conocida del M 19; posteriormente se trasladó al exterior y se afirma que varios años después murió en México.

Almarales murió en el baño por laceración cerebral producida por proyectil de arma de fuego en la región temporal derecha; en su necropsia también aparecen fragmentos de porcelana sanitaria de color blanco.

9. COMPORTAMIENTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Resulta imposible analizar la actuación de las Fuerzas Armadas en los hechos del Holocausto del Palacio de Justicia sucedidos los días 6 y 7 de noviembre de 1985, sin previamente hacer referencia, siquiera somera, a los antecedentes o situaciones ocurridas antes de ese luctuoso acontecimiento, en especial en cuanto a motivos de conflictos entre el estamento castrense y el grupo subversivo denominado M 19.

1. Sin duda, una de las acciones más osadas desde el punto de vista militar y político del M 19, la constituyó el robo en enero de 1979 de alrededor de 5.000 armas que poseía el Ejército en las instalaciones del Cantón Norte, dependencia de la brigada XIII, a la sazón al mando del General Vega Uribe. Esa mofa de la seguridad de un bastión de la milicia minó poderosamente la moral militar porque la sustracción de ese numeroso arsenal a través de la espectacular acción guerrillera no sólo era un rudo golpe perpetrado en el corazón de una de las dependencias militares supuestamente más resguardadas del país, sino que se trataba de una descomunal agresión al alma misma del Ejército. Ese hecho conmovió fuertemente al país y generó una reacción monumental por parte del Ejército contra los responsables del audaz y reprobable delito hasta lograr el objetivo de recuperar a cualquier precio prácticamente la totalidad del armamento sustraído.

2. En diciembre de 1984 se produjeron fuertes enfrentamientos entre el Ejército y guerrilleros del M 19 en Yarumales (Cauca), donde supuestamente se encontraba un grupo de secuestrados. Cuando el Ejército ya tenía cercado a un contingente importante de los alzados en armas, incluida parte de la cúpula, se produjo una orden presidencial de suspender el operativo, lo que causó desagrado y malestar en las Fuerzas Armadas.

3. Entre junio y noviembre de 1985 se exacerbaron los ataques del M 19 contra policías y soldados, varios de éstos fueron dados de baja. El Ejército recibió un rudo golpe con el ataque al batallón Cisneros en Armenia.

4. El grave atentado al General Samudio, comandante del Ejército, producido el 23 de octubre de 1985, 15 días antes del asalto al Palacio de Justicia, indudablemente provocó un gran repudio de los militares. Desde entonces el M 19 anunció a la opinión pública la realización de “algo de tanta trascendencia que el mundo va a temblar”.

5. El alto estamento militar nunca compartió la política de paz emprendida por el gobierno del Presidente Betancur, sintió con ella minada su moral y se opuso, unas veces soterradamente, y otras mediante declaraciones públicas que provocaron el retiro del General Landazábal, dispuesto por el Presidente. Consideraron los militares que las concesiones del gobierno al M 19 implicaban claudicar ante el enemigo y otorgarle graciosamente las conquistas que no habían logrado con su lucha armada infructuosa y violenta.

6. El asalto al Palacio de Justicia no solamente era previsible para la inteligencia militar, era de conocimiento general y en especial del Ejército que ese hecho podía suceder en cualquier momento; incluso el 16 de octubre de 1985 el Ministro Vega Uribe recibió un anónimo en el que se alertaba que al día siguiente, cuando se encontraba de visita al país el Presidente de Francia Francois Mitterand, el M 19 se proponía tomarse el Palacio cuando estuviesen reunidos en Sala los Magistrados de la Corte Suprema, con el fin de presionar actos de gobierno, entre otros el referente al tratado de extradición. El General Vega puso de presente esta circunstancia en un debate realizado en la Cámara de Representantes en esos días, agregando que la Dirección de Inteligencia del Ejército tenía “indicios e informaciones de que el M 19 pretendía apoderarse del Edificio de la Corte Suprema de Justicia…”. La noticia de la posible incursión en el Palacio de Justicia por el grupo subversivo fue difundida el 18 de octubre de ese año por varios medios de comunicación, entre otros, El Tiempo y El Siglo.

Una vez acaecida la sangrienta incursión guerrillera, la respuesta militar fue inmediata, desproporcionada y a gran escala.

La comandancia suprema de la reacción, a cargo de la Brigada XIII del Ejército al mando del General Arias Cabrales, desarrolló el operativo de rescate de la edificación. Aproximadamente a la hora del asalto, personal del Ejército y de la Policía se apostó en las afueras del edificio y principalmente desde la carrera 7ª (costado oriental), la calle 12 (norte) y la carrera 8ª (occidente) hizo disparos indiscriminados, a manera de francotiradores, dirigidos al interior del Palacio sin miramiento alguno por los rehenes que se hallaban ahí, los que produjeron algunas muertes y un número significativo de heridos.

Rápidamente se desplegó por parte de caballería al mando del coronel Plazas Vega un descomunal operativo con 9 tanques de combate de alto poder ofensivo, de los cuales al menos 3 ingresaron abruptamente al templo de la justicia hacia las dos de la tarde, no solamente con fines disuasivos, ante la mirada atónita del mundo. Dos de ellos franquearon la entrada principal y otro accedió por los sótanos donde quedaba el parqueadero. El primer tanque artillado en el interior del Palacio con la ametralladora punto 50 y rockets disparó lanzallamas en varias direcciones, lo que de modo vertiginoso generó el ejercicio de una fuerza excesiva; al poco tiempo 7 guerrilleros quedaron abatidos, sumándose a los 3 que habían caído en combate en el sótano por la oportuna reacción de tropas del batallón guardia presidencial.

Como se relató al exponer los hechos del cuarto piso, personal del Copes de la Policía Nacional, en una acción planificada tan sólo en 15 minutos, desde dos helicópteros saltó a la azotea del edificio debidamente armado; hacia las 4.30 p.m. logró derribar una puerta de hierro, y en una acción improvidente, improvisada e intrépida, que por sí sola pudo causar la muerte de rehenes y colocar en inminente peligro la vida de los demás, como bien lo advirtió el Ministro de Justicia Enrique Parejo.

Más de mil militares participaron en el operativo de la recuperación del Palacio; además de los tanques utilizaron subametralladoras NP-5, granadas de fragmentación y fusiles G-3, todos ellos de enorme poder letal, y no usual en combates urbanos de características similares.

En la ciega acción represiva no reparó el Ejército en los destrozos que pudiese ocasionar. La orden en ciertos sectores era disparar a todo el que se asomara sin tener certeza si eran subversivos o civiles. A las dos de la mañana del 7 de noviembre dos potentes disparos desde el exterior abrieron una tronera en la fachada de la edificación. Se dispararon igualmente en forma indiscriminada, en el interior del edificio, cargas explosivas, granadas, fusiles lanzagranadas y obús en el 4º piso donde estaba el comandante del operativo guerrillero Otero, con pleno conocimiento de que con él se hallaba el Presidente de la Corte Suprema y otros Magistrados presa del secuestro, del fuego, de la asfixia, del terror y de la desesperación.

El día 7 cuando el gobierno autorizó extemporáneamente el intento del diálogo a través de la Cruz Roja, el Ejército deliberadamente dilató el acceso del director del socorro nacional, con el fin de rematar previamente “la misión” militar de “fumigar” guerrilleros.

Muchos de los civiles atrapados en el Palacio fueron conducidos al Cantón Norte del Ejército. Los estudiantes de la Universidad Externado de Colombia, Yolanda Santodomingo y Eduardo Matzon, fueron sometidos a tratos crueles en instalaciones militares. La primera a actos gravemente degradantes de la libertad y dignidad de cualquier mujer.

Una vez consumada la catástrofe, militares no sólo impidieron que se cumpliera con las más elementales reglas de investigación criminal, sino que se incineraron algunos cadáveres, se lavaron otros, se les despojó de sus prendas, se ordenó a algunos bomberos trasladarlos de la escena del crimen, junto con elementos materiales, algunos de los cuales se barrieron, quedando destruidas huellas o eliminadas valiosas pruebas. Luego, los cadáveres fueron conducidos de manera desordenada y apartada de elementales normas técnicas a Medicina Legal, donde tampoco se permitió realizar la totalidad de las necropsias, ya que se impartió la orden de trasladarlos a fosas comunes.

Fallecieron los siguientes escoltas de Magistrados: José Gerardo Malaver, Everardo Bermúdez García, Ramón León Ariza, Saúl Chavarría y Libardo Durán.

También murieron los siguientes integrantes de la Fuerza Pública: Capitán Héctor Aníbal Talero Cruz, Teniente Sergio Alberto Villamizar Quintero, Subteniente José Rómulo Fonseca Villada; Sargento Viceprimero Jaime Benítez Prieto y los Agentes Jaime Alberto Portilla Franco y Jaime Rodríguez Vivas.

La casi totalidad de guerrilleros falleció, dos subversivas salieron vivas, pero una de ellas fue desaparecida por el Ejército, por lo cual fue condenada la Nación a pagar una indemnización por los perjuicios morales sufridos por familiares.

Conviene destacar que como efecto de la acción del Ejército alrededor de 140 personas lograron salir del Palacio con vida y fueron conducidos a la Casa del Florero, pero el saldo trágico de la catástrofe se elevó a la impresionante cifra de cerca de cien muertos, incluyendo los 11 desaparecidos.

Todos los 9 Magistrados de la Corte Suprema, incluido su Presidente, que se hallaban en el 4º piso como “rehenes fundamentales”, y dos más retenidos en el baño de los entrepisos, también fueron víctimas de la masacre. Los tres restantes retenidos en el mismo lugar salieron con heridas de consideración.

Como lo concluyó acertadamente el juez 30 de Instrucción Criminal: “. . . la situación militar acaecida en el baño y el cuarto piso fue manejada con aparente indiferencia por la integridad física de los rehenes allí cautivos; más aún, de acuerdo con las precisiones técnicas expuestas por los peritos especializados . . . se deja entrever que las muertes de algunos rehenes fue provocada en forma directa por la acción de las Fuerzas Armadas. Se denota, de acuerdo con el contenido procesal, que no hubo un ánimo de proteger las vidas de los rehenes y civiles indefensos ajenos al conflicto, ni mucho menos de sobreponer su seguridad física por encima del afán de sometimiento de las fuerzas rebeldes que resistían”.

Como es natural, no desconoce la Comisión de la Verdad la gravedad de la sangrienta, terrorista y demencial acción guerrillera que secuestró cobardemente a personas inermes y asesinó a varios de ellos, lo que hacía legítima una reacción del Estado, precisamente enderezada como uno de los objetivos prioritarios a salvaguardar la vida de los cautivos. Pero infortunadamente el proceder de las Fuerzas Armadas desbordó de modo ostensible las potestades que la Constitución y las leyes le conferían, en su objetivo esencial de dominación rápida, se ejerció una fuerza excesiva, por lo que no vacila la Comisión en calificarla la acción de ilegítima, desproporcionada y copartícipe del Holocausto, en su afán desmedido de aniquilar al causante inicial de la tragedia, no sólo no reparó en la integridad y la vida de los rehenes, sino que causó un elevado número de víctimas, la destrucción del templo de la magistratura y el irrespeto a la justicia.

En síntesis fue una acción de barbarie, inspirada en la retaliación y con el derrotero prioritario de eliminar al enemigo, antes que cumplir la insoslayable obligación constitucional de rescate a la población civil cautiva. No hubo ningún plan dirigido a liberar rehenes, el operativo militar apuntó a destruir al M 19.

10. DESAPARECIDOS

Sin duda uno de los grandes misterios sobre los hechos luctuosos del Palacio de Justicia ronda alrededor de personas que quedaron atrapadas en el fuego cruzado y nunca se encontraron vivas ni muertas. Ellas pertenecen a tres sectores diferentes: los empleados de la cafetería, algunos visitantes ocasionales y la subversiva Irma Franco.

1. Ya se precisó en este informe cómo la desaparición de Irma Franco es un hecho indiscutible porque al mediodía del siete de noviembre logró entreverarse en el grupo de mujeres que se hallaba en el baño de los entrepisos y abandonó con ellas el Palacio, fue llevada a la casa del florero como se mostró en la televisión, identificada por rehenes y fotografiada en ese sitio, conducida por una patrulla militar y desde entonces desaparecida por sus captores. La justicia contencioso administrativo condenó a la Nación.

2. Los visitantes ocasionales: Gloria Anzola de Lanao, cuando se produjo el asalto acababa de arribar al edificio y de estacionar su vehículo en el parqueadero del Palacio. Al parecer iba a saludar a su tía la magistrada del Consejo de Estado Aydée Anzola. Lucy Amparo Oviedo de Arias tenía una entrevista en el despacho del Presidente de la Corte para lograr un empleo, por lo cual es muy probable que su cadáver haya quedado calcinado en el 4º piso, como el de muchas de las personas que se hallaron ahí. Norma Constanza Esguerra, llevaba unos pasteles a la cafetería.

3. Los empleados de la cafetería: Carlos Augusto Rodríguez (administrador), Ana Rosa Castiblanco, Héctor Jaime Beltrán, Cristina Guarín, Bernardo Hernández, Gloria Stella Lizarazo, David Suspes y Luz Mary Portela, quien reemplazaba a su señora madre por encontrarse incapacitada.

Aun cuando puede colegirse que los empleados de la Cafetería fueron víctimas de desaparición forzada, es una gran incógnita a dónde fueron conducidos y cuál fue su destino final. Los mencionados empleados laboraban normalmente el seis de noviembre hasta el momento del asalto.

Los empleados de la cafetería no dependían de ninguna de las corporaciones judiciales que funcionaban en el Palacio de Justicia. Quienes en ella prestaban sus servicios lo hacían en ejecución de un contrato de administración delegada celebrado con el fondo rotatorio de administración de justicia. La Comisión no cree que pertenecieran al grupo asaltante. Eran casi todos conocidos por el personal que laboraba en el edificio, jóvenes, de buenas costumbres, con hijos pequeños y en su gran mayoría con escaso grado de instrucción. Ningún beneficio reportaba el grupo guerrillero de su desaparición y la casi totalidad de los insurgentes murieron dentro del Palacio.

Al parecer, los de la cafetería fueron inicialmente llevados a un baño de los pisos inferiores, ya que en ese lugar apareció la cédula de uno de sus empleados y las llaves de la caja, lo que permite inferir que el administrador y algunos servidores estuvieron ahí al principio de la toma.

La cafetería quedaba situada en el costado noroccidental del primer piso. A diferencia de otros lugares en ella no hubo incendio. Casi todo quedó intacto, hasta vasos de leche continuaban servidos dos días después del desastre. Eso sí, hubo sustracción de la vajilla, del auxiliar de cocina y del equipo de sonido y se evidenciaron rastros de disparos en la caja que quedó saqueada.

Es bastante improbable que estos empleados durante el asalto hubieren subido a otros pisos del edificio porque la salida era más expedita por el primero, lugar de la cafetería, rápidamente capturado por el Ejército y por ello gran número de personas fue liberado por él, además de que quien osara ascender quedaba atrapado por la construcción misma del edificio y era altamente riesgoso hacerlo dado el intenso fuego cruzado que se registraba en los otros niveles de la edificación.

Algunos rehenes del Palacio, conducidos a instalaciones militares, no quedaron registrados en ella, pero fueron reconocidos en esos sitios por familiares o superiores, por lo que quedaron liberados por las Fuerzas Armadas no obstante la información inicial de que no se encontraban en tales dependencias.

Autoridades militares no reconocen la desaparición ni dan cuenta del paradero de los empleados de la cafetería. Resulta casi imposible que este personal y demás visitantes ocasionales mencionados estén vivos después de tantos años de ausencia de sus hogares. La Comisión no da fe a la versión de que hubiesen hecho parte de los cadáveres de personas que murieron en el 4º piso. Los no identificados de este piso correspondían principalmente a restos humanos carbonizados en el mismo. No se descarta que sus cadáveres hubiesen sido llevados a Mondoñedo o sepultados en fosas comunes, como sucedió con Ana Rosa Castiblanco, quien por la época de los hechos tenía siete meses de embarazo, y su cadáver fue hallado hace pocos años en fosa común del cementerio del sur e identificado con pruebas de ADN practicadas en Estados Unidos.

A través de los años las familias de las víctimas no sólo han afrontado el pavoroso tormento de la incertidumbre acerca de la suerte de sus seres queridos, sino también la impotencia de no poder enterrar sus restos.

11. COMPORTAMIENTO DEL GOBIERNO NACIONAL

El otro actor directamente involucrado en los reproches históricos de que la Comisión debe dejar constancia es el Gobierno Nacional, con el Jefe de Estado a la cabeza.

El Presidente de la República, desde el primer momento tomó la decisión de no negociar, lo cual no era incompatible con el diálogo ni con las acciones conducentes a la salvaguarda de la vida de los rehenes.

El Presidente de la República se negó a hablar con el Presidente de la Corte, no obstante ser su natural interlocutor, con el pretexto de no ser una persona libre sino un rehén, argumento que no fue obstáculo para que dispusiera que fuese oído por el Director de la Policía. Se enteró con todos sus ministros por el altavoz de las súplicas del doctor Reyes de cese al fuego, clamor que ya había escuchado por medios de comunicación.

Así mismo, el Presidente del Congreso, transmitió al Presidente de la República el clamor de ‘Cese al fuego’, para evitar el desenlace fatal que finalmente acaeció.

Aunque lo respaldó, también le insinuó el diálogo el ex Presidente Julio César Turbay Ayala, cuando le expresó telefónicamente: “Yo sentí que era mi obligación hacerle una muy breve síntesis en las experiencias con la toma violenta de la Embajada Dominicana y le manifesté que mi impresión era la de que si se les permitía un tiempo para reflexionar no reaccionarían en la forma criminal que los había determinado a asaltar el Palacio agregándole que, a mi juicio, unas personas que tuvieran tiempo para pensar vacilarían en jugarse la vida y concluirían en el arreglo en que concluyó la embajada cuando se entregaron a cambio simplemente de preservarles la existencia”.

Por su parte el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, para la época candidato a la Presidencia de la República, relató de la consulta telefónica que le hizo el Jefe de Estado: “…le pregunté entonces cuál era el criterio del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, pues yo había oído por radio el llamamiento al cese del fuego que había hecho el doctor Reyes Echandía. El Presidente guardó silencio… le expresé que consciente de la dificultad para dar un juicio definitivo por la complejidad de la situación, en mi opinión el Gobierno no debía precipitarse a una acción definitoria que arriesgara la vida de los rehenes”.

Nunca existió intención real ni efectiva del Gobierno Nacional de tratar de salvar la vida de los rehenes. No a cambio de la preservación de las instituciones, porque a nadie le cabe duda que las instituciones democráticas no son negociables. El que sí era imperativo era el diálogo dirigido a proteger la integridad física de los secuestrados, el cual tampoco se dio.

El Gobierno tampoco planeó, como era su deber, ya en el caso extremo de la imposibilidad de negociación humanitaria, una operación de rescate; por el contrario, estuvo ausente y al margen de las maniobras de las Fuerzas Armadas que, como se ha observado, al igual que el M 19, entraron arrasando lo que encontraban a su paso, convirtiendo su actuación también en una verdadera operación de aniquilamiento.

El Ejecutivo no estuvo informado con precisión sobre lo que ocurría y menos asumió el mando o la supervisión del operativo militar, como era el deber del Jefe del Estado en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Se dio un vacío de poder porque el Presidente simplemente fue espectador del desarrollo de los acontecimientos. Las informaciones recibidas por el Gobierno provenían generalmente de la radio comercial, censurada luego por la Ministra de Comunicaciones.

La indiferencia presidencial se incrementó aún cuando entre las 9:30 y 10:00 de la mañana del jueves 7 de noviembre de 1985, un grupo de los pocos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que estaba fuera del Palacio de Justicia en el instante de la toma – Manuel Enrique Daza Álvarez, Hernando Baquero Borda, José Alejandro Bonivento Fernández, Luis Enrique Aldana Rozo y Héctor Gómez Uribe- se reunió con el entonces Presidente de la República, Belisario Betancur Cuartas, quien estaba acompañado de su esposa, del Secretario General del Palacio de Nariño, doctor Víctor G. Ricardo, y los ministros de Justicia, Educación, Comunicaciones y Defensa, Enrique Parejo González, Lilian Suárez Melo, Noemí Sanín Posada, y Miguel Vega Uribe, respectivamente. El lacónico encuentro, realizado mientras a sólo dos cuadras de allí seguía el fragor del atroz combate, refleja y resume la actitud del Gobierno Nacional durante las 27 horas que duró el cruento acontecimiento. Así lo sintetizó a esta Comisión el doctor Daza Álvarez:

“Tomé la palabra y dije: ‘Señor Presidente: Aquí hemos llegado con el fin de pedirle a usted, de exigirle, que dé la orden de suspensión del fuego, que ordene el alto al fuego’. Él dijo: ‘Doctor Daza, ¡cálmese!, cálmese que yo hablé con el Presidente de Venezuela, con el Presidente de Perú, con el Presidente de Ecuador, y están de acuerdo con la forma en que estamos manejando la situación’. Le dije: ‘Presidente, con todo respeto, ¿qué tienen que ver los Presidentes de Venezuela, Perú y Ecuador con lo que aquí está sucediendo? Es usted quien tiene que dar la orden de alto al fuego.

“…Y en vista de que el Presidente no daba la orden de alto al fuego, las evasivas que encontramos, resolvimos irnos, pero antes le dije: ‘Si usted no lo hace, la historia será muy dura con usted. Lo juzgará muy duramente’.

“La impresión que me quedó del Presidente, en honor a la verdad, es que él estaba como nervioso, como imposibilitado, aislado, porque le noté cierto temblor de manos y le tomó la mano a la Señora. Imposibilitado, como si él no pudiera dar esa orden, como con un obstáculo que le impedía dar esa orden”.

La conclusión sobre la actitud del Gobierno Nacional se desprende del análisis integral de los testimonios de los ministros de entonces entrevistados con la Comisión de la Verdad, cuya voz más elocuente es la del ex ministro de Justicia, Enrique Parejo González, quien afirma:

“A mediodía [del jueves 7 de noviembre de 1985], a través de RCN, uno de esos canales, Caracol, se anuncio que Reyes Echandía y otros Magistrados habían salido con vida del Palacio de Justicia. Desde luego, para nosotros fue una noticia que nos llenó de alegría, el mismo Presidente se entusiasmó. Ahí estaba el Ministro de Defensa [General Miguel Vega Uribe]. Y no pasaron tres minutos de esta primera noticia, cuando llegó la otra: ‘No. Tenemos que rectificar la información, los Magistrados murieron, nos acaban de confirmar que Reyes Echandía murió, y dieron ahí la lista de otros Magistrados…

“No teníamos una comunicación oficial. En ese momento estaba el Ministro de Defensa, pero el Ministro de Defensa aparentemente estaba tan a oscuras de lo que estaba ocurriendo como nosotros, porque no… a nosotros no nos llegó una información de ‘mire los militares estamos haciendo esto..u ocurrió tal cosa…’ Sí nos daban informaciones esporádicas, por ejemplo lo de la colocación de la dinamita para buscar el acceso al cuarto piso; eso fue una de las cosas que nos transmitió la Policía, el director del DAS, el director de la Policía y el General Vega Uribe, que era el que estaba allí en ese momento, porque él no llegó desde el primer momento que llegamos los ministros”.

La Comisión ha podido constatar así que existieron voces aisladas de los ministros del Despacho, pidiendo al Presidente de la República, si no que negociara, sí que permitiera el diálogo con Almarales y se dispusiera medir las consecuencias de la explosión de la puerta metálica que dio acceso al Cuarto Piso a las Fuerzas Armadas. En ningún instante se suspendió el operativo porque los radios de comunicación que sirvieron para informar al Gobierno, a través de los Generales Delgado Mallarino y Vega Uribe, algunas de las maniobras que se hacían, no los usaron para transmitirle a los efectivos del Ejército y la Policía Nacional que debían actuar con prudencia y esperar una rendición de los guerrilleros.

“…El cuadro que yo me he hecho siempre es el de que vuelan esa puerta metálica; el solo estallido, con una guerrilla nerviosa que estaba apuntando como nos describió a nosotros Reyes Echandía con ametralladoras a los Magistrados a corta distancia, entonces, estando nerviosos, el solo estallido de esa dinamita podía provocar que se dispararan las armas. Ellos debían estar con el dedo puesto en el gatillo, el solo susto de ese estallido pudo haber causado la muerte de los Magistrados. Claro que a mi me han dicho y esa fue una de las conclusiones que descartó el Tribunal Especial de instrucción Criminal, ellos dicen que la muerte de los Magistrados no se pudo producir en ese momento que yo afirmo que se pudo producir…”, dice el ministro Parejo.

Este y otros episodios que la Comisión de la Verdad presentará más ampliamente en su informe final corroboran que el Gobierno Nacional no actuó, simplemente se enteró de los hechos cumplidos.

Considera la Comisión que si bien la vigencia de las instituciones no es negociable bajo ninguna circunstancia, ello no resultaba incompatible con procurar la integridad de las víctimas por elementales razones humanitarias.

12. PROPENSIÓN A LA IMPUNIDAD

Desde el mismo momento en que se dio por finalizada la “recuperación” del Palacio de Justicia se empezó a enmascarar la verdad de lo ocurrido allí. El edificio en ruinas continuó bajo el control de las Fuerzas Armadas, impidiéndose en principio el acceso de cualquier autoridad judicial que no fuera de la justicia castrense.

Al final de la tarde del 7 de noviembre el Ministro de Justicia, Enrique Parejo González se comunicó con la directora de Instrucción Criminal de Bogotá y le pidió que integrara un equipo de jueces para que de inmediato iniciara la investigación en el propio Palacio destruido. El grupo de instructores se conformó tan pronto como se pudo y cuando trató de iniciar sus labores no le permitieron entrar, pero alcanzó a percatarse de que estaban barriendo el piso del Palacio.

Efectivamente, en el informe final, el Tribunal Especial de Instrucción Criminal que asumió la investigación del Holocausto el 18 de noviembre, da cuenta de la forma desmañada como se manejaron las evidencias en el Palacio, así: “Inexplicablemente las autoridades militares no esperaron a que los competentes funcionarios de la investigación hicieran lo que legalmente les correspondía hacer. Primero, ordenaron la incautación de armas, provisiones y material de guerra, después la concentración de cadáveres en el primer piso, previo el despojo de sus prendas de vestir y de todas sus pertenencias. Algunos de estos cadáveres, no se sabe porqué, se sometieron a cuidadoso lavado. Con tal proceder se privó a los funcionarios encargados de las diligencias de levantamiento de importantes detalles que a la postre dificultaron la identificación de los cadáveres y crearon el desorden y el caos”.

Esta increíble actuación, calificada con timidez por el Tribunal como “equivocados actos”, no ameritó de su parte siquiera la solicitud de una investigación disciplinaria para los responsables de tan censurable manipulación de la escena del crimen.

Es que no sólo algunos cadáveres fueron desnudados y lavados con manguera, sino que de sus manos les fueron arrancadas las armas que tenían empuñadas, y hasta a algunos despojos mortales fueron acabados de quemar. Un solo bombero de la Estación de Puente Aranda recibió indicaciones para bajar desde el cuarto piso hasta el patio de Márquez “de quince a veinte cadáveres”. La limpieza del edificio llevó a que los aseadores arrojaran a la basura no pocos huesos humanos.

Pero el afán por alterar o suprimir la evidencia llegó a extremos insospechados: una vez llevados a la morgue para la correspondiente necropsia, un Juez de Instrucción Penal Militar que no cumplía ningún rol dentro de la investigación, el nueve de noviembre ordenó mediante oficio que “el receptor de cadáveres del Instituto de Medicina Legal” le entregara 23 cuerpos a un suboficial, nueve de personas reconocidas y el resto sin identificar, para inhumarlos en el cementerio del sur, donde efectivamente fueron sepultados en una fosa común. El pretexto para esta repudiable acción era que se trataba de guerrilleros cuyos cadáveres iban a ser rescatados por el M 19 y se quería evitar un nuevo enfrentamiento.

Con todo, uno de ellos era el de René Francisco Acuña Jiménez, un transeúnte que el país vio caer muerto en la carrera octava cuando apenas empezaba la toma, pero como en el levantamiento se le cambió el nombre, su señora madre se demoró para descubrir el equívoco, pero después de reconocerlo no consiguió la entrega del cadáver a pesar de sus dolorosas súplicas, porque la orden era llevarlo a la fosa común. Algo parecido ocurrió con Gustavo Ramírez Riveros, el vendedor que estaba visitando la oficina del doctor Ricardo Medina Moyano, cuyo cadáver reconocieron sus padres pero no les fue entregado porque se antepuso la orden militar de llevarlo al cementerio del sur.

Tampoco estas insensibles prácticas ameritaron que ninguno de los funcionarios que las conocieron denunciara lo que se revelaba, al menos, como un abuso de autoridad.

El doctor Enrique Rodríguez, padre de Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio, denunció por escrito ante el Tribunal Especial de Instrucción Criminal lo que supo de labios de un oficial de inteligencia militar sobre torturas a su hijo en la Escuela de Caballería, así como de las protestas de un sargento de la policía por el trato que les estaban dando a los empleados de la cafetería, y ni siquiera fue llamado a ampliar su denuncia.

A lo largo de estos años varios procesos penales se adelantaron en distintos despachos judiciales por los hechos del Palacio de Justicia, y ninguno prosperó.

En la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes se presentaron varias denuncias contra el Presidente de la República, pero fueron archivadas con resolución inhibitoria, porque se estimó que no hubo vacío de poder, que al frente de las “cosas del Estado” siempre estuvo el Presidente Betancur, y que no fue cierto que hubiera sido suplantado. También consideró que el Presidente no obró indignamente ni infringió ninguna norma penal al abstenerse de negociar con los guerrilleros, porque hacerlo o no eran actos políticos, y darle instrucciones a la fuerza pública para que recuperara el Palacio también era un acto de disponibilidad del gobierno, razón por la cual no eran enjuiciables. Reconocieron que hubo excesos de la fuerza pública, pero esa no era responsabilidad del Presidente, sino de los comandantes de la operación y de quienes la ejecutaron, sobre quienes la Cámara de Representantes no tenía jurisdicción, menos para un juicio político.

Con el transcurso de los años, curiosamente de ese expediente desaparecieron pruebas.

En 1989 el Juez 30 de Instrucción Criminal compulsó copias de lo pertinente, con destino a la Sala Penal de la Corte para que se investigara la conducta del General Víctor Delgado Mallarino, porque no había acatado la orden de suspender el operativo de la terraza con el COPES mientras el Ministro Parejo González dialogaba con Almarales. El delito era una de las modalidades de “desobediencia” que se sancionaba con prisión de uno a tres años. Practicadas algunas pruebas, el 7 de febrero de 1991 la Sala Penal de la Corte Suprema dispuso la cesación de procedimiento por haber prescrito la acción penal tres meses atrás.

El 31 de enero de 1989, el Juez 30 de Instrucción Criminal envió copias de la actuación para que se investigara la conducta del General Jesús Armando Arias Cabrales, excomandante de la XIII Brigada, por los sucesos del cuarto piso y del baño ubicado entre el segundo y el tercer nivel. Las copias también eran para investigar al excomandante del B-2 de la misma Brigada, Coronel Edilberto Sánchez Rubiano, por los tratos crueles a dos estudiantes del Externado, Eduardo Matzon y Yolanda Ernestina Santodomingo, así como por la desaparición de Clara Elena Enciso e Irma Franco, Guerrilleras del M 19.

El 12 de mayo de 1992, el juez de primera instancia decidió cesar todo procedimiento penal contra el General Arias, haciéndose esta pregunta: “¿se requiere otra demostración más clara sobre la consecuencia de órdenes por la cadena de mando y del permanente conocimiento del desenlace de los hechos por el alto gobierno?.” Seguidamente justificó el uso de artillería pesada así: “algunos cañones de los equipos blindados fueron dirigidos a la fachada de la construcción con el propósito de buscar salida al humo y a los gases que por efecto de la conflagración se concentraron en el interior de la edificación, esto para evitar el sofocamiento de las personas que se encontraban en el recinto y uno más de manera táctica contra el muro del interior con miras a ganarle una posición al enemigo. Los rockets y explosivos fueron utilizados por personal experto con el objeto de llegar a mejores posiciones y replegar al reducto guerrillero y lograr la evacuación sin lesionar con ello a los rehenes”. Esta cesación de procedimiento fue ratificada en junio de 1994 por la jefatura del Estado Mayor Conjunto, y revisada por el Tribunal Militar, le impartió confirmación.

Igual suerte corrió el Coronel Sánchez Rubiano, porque en relación con las torturas a los estudiantes él no había sido el autor, además que a la fecha ya había prescrito la acción penal; y por las desapariciones de las guerrilleras, la providencia indicó que la de Clara Elena Enciso no se había dado porque ella apareció viva en México, y respecto de la de Irma Franco no había pruebas de que el Coronel hubiera intervenido en ella.

Los miembros del M 19 que no habían intervenido personalmente en los hechos del Palacio de Justicia salieron bien librados. Aunque fueron acusados por rebelión, el gobierno del Presidente Virgilio Barco los amnistió con base en la ley 77 de 1989.

El 15 de mayo de 1992, la Justicia de Orden Público abrió un nuevo proceso contra la plana mayor del M 19. En esta oportunidad una juez sin rostro consideró que el delito de rebelión que había sido objeto de amnistía no podía subsumir el de terrorismo. Recordó que los guerrilleros entraron al Palacio asesinando a sangre fría a los celadores de vigilancia privada y al administrador del edificio, y estos hechos no se podían considerar actos de combate. También estimó que el incendio constituía un acto de ferocidad y barbarie que no se podía subsumir en la rebelión.

El gobierno del Presidente Gaviria envió una carta al Procurador Carlos Gustavo Arrieta señalando que las personas beneficiadas con el indulto, la cesación de procedimiento o el auto inhibitorio decretados en el desarrollo de esa ley, no podían ser procesadas ni juzgadas por los mismos hechos que originaron su otorgamiento. Pero la juez había advertido que iniciaba el nuevo proceso por hechos no considerados con anterioridad.

Los antiguos miembros del M 19 consideraron que “éste es un hecho político y no jurídico porque se trata ya de un caso juzgado”. Fue así como se cerró este nuevo proceso, y la juez fue investigada por prevaricato.

La única sanción que se ha producido fue disciplinaria: el General Jesús Armando Arias Cabrales y el Teniente Coronel Edilberto Sánchez Rubiano, el primero por su intervención en la recuperación del Palacio de Justicia, y el segundo por la operación desplegada en la Casa del Florero, fueron juzgados por la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Armadas y hallados culpables, por lo que el 28 de septiembre de 1990 solicitó al Presidente de la República la destitución del General por no haber tomado las medidas necesarias para proteger la vida de los rehenes y anteponerla al sometimiento del grupo guerrillero, y al Teniente Coronel, por la desaparición de la guerrillera Irma Franco, lo destituyó, separándolo definitivamente de las Fuerzas Armadas.

Contra su destitución, cumplida después de algún tiempo por el Ministro de Defensa del Presidente Gaviria con advertencia de que se cumplía la orden a pesar de considerarse injusta, fue demandada ante el Tribunal Contencioso de Cundinamarca, y allí, pasados varios años, fue anulada por una Sala de Descongestión, y luego ratificada la nulidad, aunque por motivos diferentes, por la Sección Segunda del Consejo de Estado. La Sala de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación tramita un recurso de súplica contra ella, interpuesto por la Procuraduría General.

Las únicas decisiones que han producido alguna reparación a los familiares de las víctimas son las demandas ante la jurisdicción contenciosa administrativa que produjo reiterados fallos condenatorios contra distintas dependencias del Estado principalmente por fallas del servicio.

13. EPÍLOGO

Lo que de manera preliminar y en gran síntesis se ha hecho constar en precedencia, es el balance objetivo, neutral e imparcial, discernido por los integrantes de esta Comisión de la Verdad de la amplísima información acopiada directamente, al igual que de la lectura y observación del voluminoso material demostrativo allegado con anterioridad, todo lo cual puede contener defectos de evocación y sesgos en sus fuentes, de forma que acarrea el inevitable riesgo de imprecisiones.

Como se ha visto, hay aspectos sobre los cuales el país merece que continúe el integral complemento de lo esclarecido, que en todo caso requiere decidida voluntad nacional para alcanzar mayor dilucidación, así parezca que sea ya imposible.

Siempre existirá como opción, y puede hacerse realidad, que responsables del Holocausto supervivientes decidan aceptar su comportamiento lesivo y aporten la información que resta para el cabal establecimiento de la verdad, derecho fundamental de las víctimas, de los perjudicados y de la sociedad, a quienes a continuación deben pedir perdón, como también han de hacerlo todos los indolentes de la que puede ser llamada generación del Holocausto, por su indiferencia y la propensión a tolerar la impunidad, que contrasta con la determinación de las nuevas generaciones, absortas ante algo tan grave, sucedido en el corazón institucional de Colombia, parcialmente transmitido en vivo y, sin embargo, dejado sin definición ni sanción.

Se realzará el derecho a la memoria y, respetado éste, además de saberse a quiénes perdonar, esta reparación, por sólo moral que resulte, conllevará mayores posibilidades de reconciliación, con lo que ello significa en cuanto a que, si bien en inmensa parte ya no habrá justicia, ni reparación material directa por parte de los autores y partícipes, quede exteriorizado que la sociedad siempre reclamará conocer quiénes, cómo y por qué han agredido a alguno o algunos de sus miembros. Más cuando son tantos y tan despiadadamente inmolados.

Todo debe girar en torno a ese propósito, aún no alcanzado a cabalidad, adicionalmente por las dificultades dentro de la cuales se ha desarrollado la labor de la Comisión de la Verdad, que nunca recibió apoyo técnico, ni colaboración especializada, debiendo trabajar muy esforzadamente con recursos propios y asumiendo todos los costos, sin esperar ninguna retribución.

A esto se agrega la falta de poder conminatorio, que impide concretar a los expositores, unos pocos notoriamente evasivos, y exigir el envío de información, como la lista completa del personal de las Fuerzas Armadas que participó en la “retoma” del Palacio, la cual todavía es esperada del Ministerio de Defensa.

No es posible continuar así, pero la República requiere que la labor culmine, con definido apoyo público y privado, el cual ha de procurarse a base del convencimiento de que la verdad liberará.

Sin embargo, no puede concluirse sin reconocer que las Fuerzas Armadas de Colombia han evolucionado positivamente en el respeto a los derechos humanos y en la especialización de comandos realmente preparados para el rescate de rehenes, para que no se vuelva a acudir al arrasamiento indiscriminado como único medio de reacción.

En todo caso la verdad, derecho irrenunciable e imprescriptible de la sociedad y de todos y cada uno de sus miembros, representa un mínimo de reparación moral para las víctimas y los perjudicados, es fuente de reconciliación humana, como se ha experimentado maravillosamente en naciones como Sudáfrica, y constituye el mejor antídoto para que estos oprobiosos hechos nunca se repitan.


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