COLOMBIA SE QUEDA “CALVA” Y TODOS TAN PANCHOS

Personalmente me ha generado mucha inquietud (aunque no sorpresa) el dato que en El Tiempo de hoy presenta José Miguel Orozco Muñoz, ingeniero forestal y magíster en ciencia política y en desarrollo ambiental, acerca de las cifras sobre la tala ilegal de bosques en Colombia.

tala-bosques.jpgCon base en la cifra oficial de alrededor de 2 millones de metros cúbicos de madera en troza de bosques naturales que reporta el país como dato de “producción legal” a la Organización Internacional de Maderas Tropicales -OIMT-, el estudio del Banco Mundial implica que en Colombia anualmente casi 1,5 millones de metros cúbicos de madera se explotan, transportan y comercializan de manera ilegal, es decir, sin obtener permiso, sin presentar ni ejecutar planes de manejo, sin aplicar criterios de sostenibilidad en el uso de los bosques, sin que se cumplan mínimas normas laborales y, prácticamente, sin beneficio alguno para las comunidades que habitan las áreas boscosas. Significa, además, que diariamente circulan por las carreteras colombianas decenas de camiones que movilizan madera ilegal, con salvoconductos falsos y bajo la vista gorda de las autoridades, no pocas veces cegada por la corrupción.

Si recientes episodios han sembrado alguna duda sobre la credibilidad de ciertas estadísticas nacionales, la informalidad e ilegalidad que caracterizan el aprovechamiento forestal obligan a guardar prudente reserva respecto de la confiabilidad de los datos sobre esta actividad. Es decir que el problema puede ser peor. Algunos analistas estiman que la ilegalidad alcanza niveles del 75 por ciento.

La Ley Forestal, en la que se establecen nuevos instrumentos de control y severos castigos para el tráfico ilegal, debe ser prontamente reglamentada para que pueda ser puesta en aplicación y se empiece así a disminuir este flagelo. Al igual que ocurre con cualquier otro instrumento jurídico, la aplicación de la legislación forestal depende en gran medida de la presencia del Estado y de sus organismos especializados, principalmente en este caso, las Corporaciones Autónomas Regionales. Presencia que en las áreas forestales es muy precaria, por la incidencia del conflicto. La desmovilización de grupos de autodefensa que han confesado obtener gran parte de su financiación del “negocio maderero” en algunas zonas (Semana No. 1.265, agosto de 2006), puede constituirse en un paso significativo para la reducción de los delitos forestales.

Desde luego, no basta con la sola legislación o con hacer énfasis en sus aspectos coercitivos. Todo un conjunto de estrategias debe ponerse en marcha. Entre ellas, las de tipo institucional y de participación de la población son esenciales. Sin dejar de lado la responsabilidad ética y social que cabe a los empresarios que utilizan la madera como materia prima para sus industrias (muebles, construcción, minería, etc.). No se trata, pues, ahora de “caerles con todo el peso de la Ley” a las paupérrimas comunidades mestizas, negras o indígenas que tumban unos cuantos árboles para subsistir y que más bien demandan asistencia técnica estatal. Se trata de combatir en forma integral la actividad ilegal industrial organizada que tiene, según la FAO, “serias consecuencias ambientales, sociales y económicas, entre ellas, pérdida de la biodiversidad y del hábitat, inestabilidad política, aumento de la disparidad de los ingresos y distorsiones del mercado”.

La nota completa: Tala y comercio ilegal de madera

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